¿Dónde está lo público de la universidad pública?
El órgano del cogobierno universitario resolvió -casi por unanimidad – no hacer un debate público con los candidatos a rector. El pedido había sido realizado por diferentes colectivos que vienen luchando por la defensa de la salud pública y los bienes comunes.
En la última sesión del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, diferentes colectivos y organizaciones que vienen luchando en la defensa de la salud pública y los bienes comunes, se hicieron presentes para solicitar al cuerpo la organización de un debate público en donde los distintos candidatos a Rector expongan sus propuestas respecto a las políticas de docencia, investigación y extensión que encararían en su gestión, dirigidas a garantizar la vida, la salud y el ambiente como derechos humanos.
En ésta oportunidad, tomaron la palabra ante los miembros del Consejo Superior, integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la vida de Malvinas Argentinas, la Asamblea Colectiva de las Organizaciones Sociales que nuclea a las organizaciones en lucha contra Monsanto en la ciudad de Córdoba, los Vecinxs Unidos por un Ambiente Seguro de Barrio Parque San Antonio e Inaudi que luchan contra la instalación del funcionamiento de una planta de biocombustibles Porta Hermanos, Madres de Barrio Ituzaingó, integrantes del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, de la Asamblea de La Rioja que luchan contra la megaminería contaminante.
Testimonios de pasillo y otras voces
Recordemos que el pasado 5 de marzo y ante la Comisión de Vigilancia y Reglamento, asambleístas, no docentes, profesores, profesionales en salud, testimonio de quién trabaja con pacientes directos de este modelo productivo como la Dra María Teresa Serra, especialista en Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas, presentaron ante mesa de entrada y la comisión una nota que repartieron entre los distintos consiliarios. Los damnificadxs expresaron porque buscan que los rectores expongan sus pensamientos «La Universidad de Córdoba es una esperanza para quienes buscamos la verdad», así mismo la comisión no aceptó recibir a los vecinxs y profesionales que los acompañaron y esto fue porque trabajan de manera cerrada, no así el Consejo Superior de «participación pública» según nos informa Esther Galina Vicedecana de la Famaf , con quién los vecinxs y profesionales cruzan discusiones en el pasillo sobre la participación de la universidad en la sociedad, «La universidad no ha intervenido con una posición para ser luego consultada de manera técnica» informa Galina.
Diego Tatián Decano y Conciliario de Filosofía, al ser consultado consideró que el Consejo Superior no puede exigir a los candidatos a debatir, porque los rectores tienen intereses políticos, aseguro además que existe un convenio con el MST de Brasil (El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) para iniciar encuentros y debates desde la Universidad. Y en una nota sobre «La Lengua del saber» Tatían escribió «una universidad democrática mantiene una importante dimensión conservacionista, capaz de invocar contenidos antiguos en alianza con otros nuevos, contra el paradigma de una eficiencia definida en términos del mercado, que se busca hacer prosperar y naturalizar como pura prestación de servicios determinada por la demanda estricta –de consumidores, de empresas, de grandes capitales–. En ello, en la encrucijada crítica de memoria e invención, radica quizá la mayor contribución democrática de la universidad pública».
Si de tomar postura se trata, la Dra. María Teresa Serra interviene dando testimonio de sus trabajos territoriales sobre pueblos fumigados, habla de sus prácticas cotidianas en el hospital y expresa una situación complicada del ambiente en la salud humana. Recordemos que en Parque San Juan Ciudad de Alta Gracia, el 50% de los vecinxs están afectados en su mayoría por enfermedades respiratorias “Encontramos vecinos y niños con asma, enfermedades respiratorias, enfermedades autoinmunes y enfermedades que pueden vincularse con el uso en cercanías de agroquímicos”, detalló Serra a los medios. Para entonces Galina le menciona «se me pone la piel de gallina» expresando que entiende la problemática que informa la médica. A su vez Serra le recuerda que debe ser un hecho continuo esa sensación, ante lo que están viviendo los afectadxs.
Consultamos a Cecilia Carrizo profesora universitaria y miembro de Justicia Ambiental que acompaño a los vecinxs, quien nos comunica «la Universidad Nacional de Cordoba tiene un sistema indirecto de elección del Rector. Los nombra la Asamblea Universitaria que esta integrada por los decanos de cada facultad, docentes y representantes de estudiantes, no docentes y egresados». Recordemos que los candidatos a Rector son en continuidad con la actual gestión, Francisco Tamarit, Decano de FAMAF, por los Radicales: Alfredo Blanco, Decano de Ciencias Económicas y por los Delasotistas, Gustavo Irico, Decano de Medicina. Cabe recordar que en las últimas elecciones a Gobernador de Córdoba del 7 de Agosto del 2011, la Universidad organizó un debate público entre los siete candidatos a la gobernación en el Pabellón Argentina y fue trasmitido por el canal universitario.
Repuesta «no es positiva»
La Prosecretaria General Marisa Velazco fue quién confirmó la apertura del Consejo Superior a las organizaciones para el 12 de marzo a las 16.30 horas. Luego de la exposición de las distintas problemáticas ambientales y sociales con consecuencias sobre la vida y formas de vida de los afectados, desde las diferentes bancas felicitaron la iniciativa; pero, al mismo tiempo, rechazaron (casi por unaniminidad) organizar el debate.
Los Consiliarios estudiantiles Fabiana Flores MBA e Ignacio Fernández de Movimiento Universitario SUR fueron los únicos estudiantes que apoyaron la propuesta.
Por parte de los docentes, solo apoyó la consiliaria de Psicología, Mgter. Patricia Altamirano, quien criticó – sumándose a una observación hecha desde las organizaciones respecto a que, la Universidad no se expedía para después poder vender servicios- el rol meramente técnico de la Universidad en las cuestiones ambientales; afirmando que ya es un debate superado si ciencia, técnica y política van por separado. Así mismo propuso, ante la negativa del Consejo, que sean las mismas Asambleas y Colectivos los que convocaran al debate y ofreció su colaboración a tal fin. El Decano de Filosofía, Dr. Diego Tatián fue el único Decano que apoyó el llamado al debate. Al tiempo que resaltó la actitud y coherencia del Consejo en relación a las cuestiones ambientales, manifiesta en las distintas declaraciones realizadas: el rechazo de los fondos de Minera La Alumbrera, el Juicio Ituzaingó, el apoyo a los Vecinxs de Malvinas frente a la instalación de Monsanto, en las que expresamente afirmaban su acompañamiento a las comunidades afectadas. Al mismo tiempo realizó una auto-crítica al señalar que algunos compromisos de dichas declaraciones por parte de la universidad no llegaron a concretarse.
Argumentos en contra de los asambleístas
La mayoría del cuerpo se pronunció en contra de la realización de un debate con los candidatos a Rector. La Dra. Gordillo, de la Facultad de Filosofía, confusamente indicó que el Consejo –órgano del cogobierno universitario- no podía organizar un debate porque “somos una representación institucional no política”.
La Dra. Marta Díaz de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hizo hincapié en los diferentes límites que tiene la Universidad para desarrollar una política seria en materia de defensa del ambiente. En este sentido, opinó que se sobredimensiona el rol de la Universidad para actuar en problemáticas ambientales y remarcó las limitaciones para realizar estudios e investigaciones serias por falta de recursos económicos e infraestructura. En relación a la realización del debate público, desestimó la importancia del mismo al señalar que la expresión pública de las propuestas no les generaría compromisos a los candidatos.
Una síntesis de la postura mayoritaria del Consejo Superior en relación al pedido de las organizaciones y colectivos, fue la actitud del Decano de Medicina y candidato a Rector, Dr. Iricco; quien no solo se levantó varias veces para atender su teléfono celular mientras tomaban la palabra vecinxs afectados por las diferentes problemáticas ambientales; sino que abandonó el recinto sin emitir juicio cuando lxs distintxs conciliarixs comenzaron a expresar sus posiciones.
Finalmente la Consiliaria estudiantil Florencia Pinto de La Bisagra cerró la argumentación por el No, afirmando que lo que se necesitan son cambios “estructurales, no meramente retóricos”, desvalorizando así la palabra y el compromiso público como las herramientas con las que se construye una universidad realmente pública y democrática.
Sabor «amargo» de la democracia
Las organizaciones y colectivos se retiraron del Consejo con indignación. Propuestas como la reforma del Estatuto Universitario para que la UNC asuma la defensa del ambiente como compromiso institucional, al igual que la Universidad Nacional de Río IV; la reforma de los planes de estudio con la incorporación a la formación del grado de materias que respondan a las necesidades de nuevos conocimientos y prácticas institucionales y profesionales frente a la complejidad y gravedad de los problemas de contaminación; la definición de líneas de investigación prioritarias, la asistencia y realización de análisis gratuitos a los afectados, entre otras, evidentemente constituyen saberes y debates de las luchas en los que la universidad como institución se resiste a participar, habla otro lenguaje, ganado por el conocimiento como una mercancía. “Los problemas ambientales son una brasa que nadie quiere agarrar en sus manos y la Universidad siempre ha sido así», concluyeron las organizaciones.
La palabra de las organizaciones, profesionales y vecinxs de Córdoba
«Consideramos que todos los candidatos tienen que comprometer una política institucional académica, de investigación y extensión. Eso es lo que estamos pidiendo» afirman.
Política académica: la U.N.C. no tiene materias de formación en problemáticas ambientales en las carreras de grado, lo que lleva a que los profesionales que egresan no tengan conocimientos como para participar con criterios propios, actualizados y efectivos en la resolución de los problemas.
Política de investigación: como bien sabemos los problemas ambientales con graves consecuencias en la salud no ha sido avisados por mecanismos de alerta temprana de salud, de contaminación de las aguas, entre otros. Tampoco existen desarrollos sobre procesos de remediación del daño al ambiente y mucho menos de resarcimiento del daño y tratamiento a los afectados.
Política de extensión: la universidad tiene por las leyes provinciales participación en distintos consejos de definición de políticas, caso el de agroquímicos, entre otros. En este no tiene designado representante. Desde el Paren de Fumigar Córdoba denuncian desde el 2009 que una persona que defiende el modelo de siembra directa se hace pasar por tal y ellos vienen pidiendo desde entonces a las autoridades de la UNC que se designe al representante institucional. Tampoco hay una política expresa respecto a las consultorías. Las mismas, realizadas desde distintas cátedras, laboratorios y centros de la UNC no siempre respetan criterios científicos interdisciplinarios, muchas veces rechazan los saberes y reclamos de la ciudadanía y no se comprometen con la resolución de los problemas. También preocupa que mientras la UNC no puede dar cuenta de quienes son los que realizan estas consultorías, ni sus mucho menos de sus científico-técnicos, los consultores usan el nombre de la UNC legitimando así la posición de quienes los contratan. Las organizaciones consideran que si no se asume un compromiso con la defensa de derechos, cosa que la UNC tiene que hacer por ser una institución democrática y pública, si se privilegian otros criterios, estas consultorías tendrían que hacerse con cargos e infraestructura privadas, no públicas.